La Corte Suprema de los EE. UU. se niega a revisar la constitucionalidad de la ley de divulgación del financiamiento electoral de Rhode Island

 La Corte Suprema de los EE. UU. se niega a revisar la constitucionalidad de la ley de divulgación del financiamiento electoral de Rhode Island
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PROVIDENCE, R.I. – El Fiscal General Peter F. Neronha anunció que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha denegado una petición de certiorari en Gaspee Project v. Mederos, dejando en pie una decisión del Primer Circuito que afirma la constitucionalidad de la ley de divulgación de gastos electorales de Rhode Island.

 

La Oficina del Fiscal General había defendido previamente con éxito la constitucionalidad de la Ley de Gastos Independientes y Comunicaciones Electorales de Rhode Island (Ley), una ley diseñada para promover la transparencia y mantener la integridad de las elecciones, en el Tribunal de Distrito Federal y luego ante el Tribunal de Justicia de los Estados Unidos. Recursos ante el Primer Circuito.

 

La Ley, sujeta a ciertas excepciones, requiere divulgaciones y descargos de responsabilidad para gastos relacionados con las elecciones de más de $1,000 o más en cualquier año calendario para gastos independientes o comunicaciones electorales.

 

En 2019, los demandantes, The Gaspee Project e Illinois Opportunity Project, impugnaron la constitucionalidad de la Ley, específicamente sus requisitos de divulgación y descargo de responsabilidad.

 

“Las leyes estatales de financiación de campañas y elecciones existen por una razón: informar a los habitantes de Rhode Island sobre las fuentes de apoyo financiero, directa o indirectamente, para los candidatos a cargos públicos”, dijo el Fiscal General Peter Neronha. “Dicha información es fundamental para que los votantes evalúen los mensajes a los que están sujetos por parte de aquellos que gastan sumas significativas de dinero para influir en sus decisiones. Un electorado informado es parte integral de nuestra democracia, y la acción de la Corte envía un fuerte mensaje en apoyo de ese principio”.

 

Campaign Legal Center (CLC) se desempeñó como co-asesor externo junto con la Oficina del Fiscal General en los procedimientos de la Corte Suprema.


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