Juzgan en Cuba a 15 manifestantes del 11J con peticiones de hasta 13 años
DW –
Este miércoles, casi un año y medio después de que fueran detenidos, comienza el juicio en La Habana de 15 participantes en las manifestaciones multitudinarias del 11 de julio de 2021.
Un total de 15 manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba -las mayores en décadas- son juzgados desde este miércoles (23.11.2022) por un tribunal de La Habana por «atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir» y se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel.
De acuerdo con la petición del fiscal, a la que ha tenido acceso EFE y está fechada el 30 de diciembre del año pasado, los procesados realizaron acciones «de una violencia sin límites».
Según recoge el escrito, se les señala por lanzar «piedras, botellas, maderos y otros artículos» a la Policía y gritar consignas contra el Gobierno y el presidente, Miguel Díaz-Canel.
Los procesados oscilan entre los 17 y los 51 años. La edad penal mínima en la isla son los 16 años. El manifestante más joven en el juicio es Jonathan Torres, que tenía 17 años el día de los hechos. Él es uno de las 55 personas entre 16 y 17 años que se enfrentan a un proceso penal por los hechos de 11J, según ha confirmado la Fiscalía.
Persecución a familiares
Torres, en concreto, se enfrenta a una acusación de «desórdenes públicos» y «atentado», por lo que se pide una pena de ocho años de cárcel. Su madre, Bárbara Farrat Guillén, aparece en la lista de los testigos que declararán durante el juicio, que previsiblemente terminará mañana.
Además, la hermana de uno de los procesados, Yesenia Díaz, fue detenida el 15 de noviembre pasado cuando intentó -junto con otros familiares detenidos o retenidos en sus casas por la Policía- dirigirse a la embajada estadounidense en Cuba para mantener una reunión con funcionarios norteamericanos que estaban de visita, como informaron activistas.
Los juicios en contra de los manifestantes del 11 de julio de 2021 se han ido sucediendo en Cuba desde finales de ese año. Familiares de los condenados y ONG han criticado estos procesos, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.
Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios. Amnistía Internacional solicitó -sin éxito- poder asistir a los procesos.
ct (efe, 14 y medio)