Journey to Hope, Health and Healing y su exdirector ejecutivo acuerdan pagar 10,2 millones de dólares para resolver acusaciones de presentación de reclamaciones falsas.
PROVIDENCE: Journey to Hope Health and Healing (Journey) y su exdirector ejecutivo, Kenneth L. Richardson, Jr., han acordado pagar 10,2 millones de dólares para resolver las acusaciones de que el proveedor de tratamientos contra los opioides presentó reclamaciones falsas a los programas Medicaid de Rhode Island y Medicare por servicios de tratamiento de trastornos por consumo de sustancias que no se prestaron.
Cuando Journey era propiedad de Richardson y estaba bajo su dirección, operaba centros de tratamiento ambulatorio en Rhode Island que ofrecían servicios para trastornos por consumo de sustancias, incluidos tratamientos asistidos con metadona y servicios de atención de salud mental.
El acuerdo resuelve las acusaciones formuladas por el Estado de Rhode Island y los Estados Unidos en una demanda de intervención, según la cual, entre enero de 2015 y julio de 2021, Journey y su dirección presentaron a sabiendas reclamaciones falsas por valor de millones de dólares al programa Medicaid de Rhode Island.
En abril de 2023, los Estados Unidos y el Estado de Rhode Island presentaron una demanda de intervención (la demanda) en virtud de las leyes federales y estatales sobre reclamaciones falsas (*False Claims Acts*), alegando que Journey no proporcionó los planes de tratamiento requeridos ni los servicios de asesoramiento adecuados a ciertos pacientes que recibían tratamiento con metadona. La demanda también alegaba que Journey mantenía una carga de pacientes tan elevada que resultaba físicamente imposible para los consejeros prestar los servicios de asesoramiento obligatorios.
Asimismo, la demanda sostenía que Journey y su dirección falsificaron documentos a sabiendas, alterando registros y consignando fechas anteriores a las reales para aparentar, ante los funcionarios de acreditación y los auditores de Medicaid de Rhode Island, que cumplían con los requisitos de acreditación necesarios para facturar a dicho programa.
En virtud del acuerdo, Journey y su director ejecutivo pagarán 10,2 millones de dólares a los Estados Unidos y al Estado de Rhode Island para resolver su presunta responsabilidad legal conforme a las leyes federales y estatales sobre reclamaciones falsas. El acuerdo incluye la resolución de las reclamaciones presentadas al amparo de las disposiciones *qui tam* (o de denuncia de irregularidades) de dichas leyes por parte de dos ex empleados de Journey: Sara Quaresma y Michael Delmonico. Estas disposiciones permiten a particulares iniciar acciones civiles en nombre del gobierno y percibir una parte de las cantidades recuperadas. Según los términos del acuerdo, los denunciantes recibirán aproximadamente 2,04 millones de dólares de los fondos obtenidos.
El caso fue investigado por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y la Oficina del Fiscal General de Rhode Island. la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos de Rhode Island; y el Departamento de Atención de Salud Conductual, Discapacidades del Desarrollo y Hospitales de Rhode Island.
El caso estuvo a cargo de la ex fiscal federal adjunta Bethany Wong, con la colaboración del fiscal federal adjunto Kevin Bolan; la fiscal general adjunta especial Kate Constance Brody, de la Unidad de Control de Fraude a Medicaid y Abuso de Pacientes de la Fiscalía General de Rhode Island; y Genevieve M. Allaire Johnson, exdirectora de dicha unidad.