El gobernador McKee, los oficiales generales, legisladores estatales y defensores de la seguridad de las armas destacan la introducción del Proyecto de Ley de Prohibición de Armas de Asalto

PROVIDENCE, RI – El gobernador Dan McKee estuvo acompañado por la vicegobernadora Sabina Matos, el secretario de Estado Gregg M. Amore, el fiscal general Peter F. Neronha, el tesorero general James A. Diossa, los patrocinadores del proyecto de ley, el representante Jason Knight, el senador Joshua Miller, y docenas de defensores y líderes comunitarios para marcar la introducción de una legislación crítica sobre seguridad de armas que prohibiría la venta de armas de asalto en Rhode Island.

“Quiero decir esto alto y claro: Rhode Island está lista para una prohibición de armas de asalto para ayudar a mantener seguras a nuestras comunidades. Y como gobernador, estoy listo para promulgar ese proyecto de ley”, dijo el gobernador McKee. “Estoy agradecido de tener un equipo fuerte detrás de este proyecto de ley. Agradezco a nuestro patrocinador, el representante Knight, y al senador Miller, así como a todos nuestros oficiales generales, Moms Demand, la Coalición contra la Violencia Armada de Rhode Island y muchos otros líderes y defensores de la comunidad. ¡Vamos a hacer esto!”.

Si la Asamblea General lo aprueba, Rhode Island se convertiría en el décimo estado en promulgar una ley que prohíbe la venta, fabricación y transferencia de armas de asalto, uniéndose a California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York, y el Distrito de Columbia. Esta legislación se basa en el progreso que Rhode Island logró el año pasado al aprobar proyectos de ley para prohibir los cargadores de armas de gran capacidad, aumentar la edad legal para comprar armas de fuego o municiones en Rhode Island de 18 a 21 años y prohibir el porte abierto de cualquier rifle o escopeta cargados en público.

“Rhode Island ha logrado grandes avances en la seguridad de las armas en los últimos años, desde la prohibición de las compras falsas hasta el aumento de la edad legal para comprar armas y municiones, pero aún queda mucho por hacer. Es hora de que nos unamos a nuestros estados vecinos y prohibamos la venta de armas de fuego de estilo asalto”, dijo la vicegobernadora Sabina Matos. “No podemos esperar a que la tragedia nos impulse a la acción; hagamos que la prohibición se convierta en ley este año y detengamos la venta de armas peligrosas en nuestro estado de inmediato”.

“Tenemos que dejar la política a un lado y reconocer que, sin acción, las tragedias sin sentido que permiten las armas de asalto seguirán devastando nuestras comunidades. Este proyecto de ley trata de priorizar la seguridad de nuestros estudiantes, nuestros vecinos y todo nuestro estado”, dijo el secretario de estado Gregg M. Amore. “Agradezco al presidente Miller y al representante Knight por su liderazgo, e insto a mis colegas en el gobierno a aprobar esta legislación”.

“Con demasiada frecuencia, nuestra Oficina es testigo del impacto devastador que tiene la violencia armada en las comunidades de Rhode Island”, dijo el fiscal general Peter F. Neronha. “Los esfuerzos de esta Oficina, trabajando con nuestros socios en la aplicación de la ley, para atacar a aquellos que están impulsando delitos violentos, es primordial y sigue siendo una de nuestras principales prioridades. Pero aún se puede hacer más en el lado de la prevención: mantener las armas de estilo de combate fuera de nuestras comunidades. Nuestro apoyo a esta legislación se deriva de los impactos devastadores que estas armas han tenido en todo nuestro país, identificando el riesgo que representan en Rhode Island y nuestro compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a los habitantes de Rhode Island a salvo de la violencia armada”.

“Cada día se nos recuerda trágicamente cómo la carnicería de la violencia armada está destruyendo el alma de Estados Unidos. Deja sillas vacías en la mesa, obliga a los padres a planificar funerales en lugar de cumpleaños para sus hijos e inflige un dolor inimaginable a los sobrevivientes. La legislación de sentido común del representante Knight y el senador Miller salvará vidas. Al evitar la venta de estas armas de guerra, estamos protegiendo a nuestros niños, nuestras familias y nuestra comunidad”, dijo el tesorero general James A. Diossa.

“La violencia armada es una epidemia de salud pública. Podemos y debemos hacer más para combatir este flagelo de la violencia. Si bien estoy orgulloso de los pasos que hemos tomado en los últimos años en la Asamblea General, todavía no hemos prohibido las armas de alto poder como los AR-15 de Rhode Island. Estas armas de fuego, el arma preferida de muchos tiradores masivos, son poderosas máquinas de matar y debemos tomar medidas para sacarlas de nuestras calles y comunidades”, dijo el representante Jason Knight (D-Dist. 67, Barrington, Warren), patrocinador del proyecto de ley.

El senador Joshua Miller (D-Dist. 28, Cranston, Providence), patrocinador del proyecto de ley, dijo: “Hemos estado trabajando en esta legislación durante años, y durante ese tiempo la hemos perfeccionado para asegurarnos de que apunte a las armas excesivamente letales que han ningún propósito legítimo en nuestra sociedad. Hemos hecho nuestra tarea. Hemos escuchado todos los argumentos de aquellos que no quieren límites en las armas de fuego. Y en ese tiempo, también hemos sido testigos de cómo literalmente miles de estadounidenses murieron en tiroteos masivos llevados a cabo con armas de asalto. Niños en las escuelas. Personas en celebraciones y conciertos. Familiares y ancianos en medio de los servicios de la iglesia. No más excusas de por qué no. El público merece mejor que las excusas que continúan permitiendo que las armas de asalto sean fácilmente accesibles para casi cualquier persona que quiera cometer un asesinato”.

“La violencia armada es una crisis de salud pública. Necesitamos líderes valientes que ayuden a proteger a nuestras comunidades, familias y niños de más traumatismos por armas de fuego, lesiones y muertes. Cuando fundamos la Coalición contra la Violencia Armada en Rhode Island en 2013, una de nuestras principales prioridades era la prohibición de las armas de asalto. Esto fue poco después de la masacre de Sandy Hook, y este proyecto de ley parecía una respuesta obvia para abordar la terrible brutalidad de la violencia armada, especialmente los tiroteos masivos. Han pasado 10 años y todavía este proyecto de ley permanece en la parte superior de la lista de prioridades de la Coalición”, dijo Sydney Montstream-Quas, presidente de la Junta de la Coalición contra la Violencia Armada de Rhode Island. “Desde 2013, hemos construido un canal de apoyo para la prohibición de armas de asalto, con la colaboración de docenas de organizaciones asociadas y cientos de voluntarios, así como muchos funcionarios electos. RICAGV recientemente respaldó a 39 representantes y 21 senadores, todos los cuales han expresado su apoyo a la prohibición de la venta de armas de asalto. Con nuestra defensa y coraje colectivos, confío en que volveremos a reunirnos en esta sala en unos meses para presenciar cómo el gobernador McKee firma este proyecto de ley”.

“No debemos esperar a que Rhode Island sea el próximo sitio de una horrible tragedia llevada a cabo por alguien con fácil acceso a un arma de asalto”, dijo Melissa Carden, voluntaria del capítulo de Rhode Island de Moms Demand Action. “La violencia armada ha cobrado un precio especialmente devastador este mes en todo el país, y estamos agradecidos de que nuestros legisladores estén priorizando soluciones proactivas para hacer de Rhode Island un lugar más seguro para vivir. Esperamos trabajar junto con el gobernador McKee, el representante Knight, el senador Miller, el resto de nuestros campeones electos de seguridad de armas y nuestros socios de la coalición para lograr que este proyecto de ley llegue a la meta”.

La legislación prohibiría la posesión, venta y transferencia de armas de asalto. La posesión de armas de asalto poseídas en la fecha de entrada en vigor del proyecto de ley estaría sujeta a ciertas disposiciones de registro. Los infractores estarían sujetos a hasta 10 años de prisión o una multa de hasta $10,000 y la confiscación del arma.