El Fiscal General Neronha colidera una demanda contra la administración Trump por desmantelar el apoyo habitacional a largo plazo para los estadounidenses sin hogar.
PROVIDENCE, R.I. – El Fiscal General Peter F. Neronha colideró hoy una coalición de 21 fiscales generales y dos gobernadores en la presentación de una demanda contra el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés) por intentar limitar ilegalmente los fondos destinados a proyectos de vivienda permanente. La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island, argumenta que esta medida provocaría que decenas de miles de personas perdieran sus hogares.
«La administración Trump ataca constante y sistemáticamente a los estadounidenses más vulnerables, y este caso no es la excepción», declaró el Fiscal General Neronha. «Las personas que sufren falta de vivienda necesitan desesperadamente apoyo, y estas condiciones ilegales para la financiación de viviendas permanentes harán que decenas de miles de personas pierdan sus hogares. Si bien es casi seguro que esta administración seguirá intentando dificultar la vida de los habitantes de Rhode Island y de todos los estadounidenses, nosotros continuaremos luchando por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos».
Apenas el mes pasado, una coalición de estados ganó otro caso contra el HUD en un tribunal federal de Rhode Island relacionado con la decisión de la agencia, tomada el año pasado, de imponer condiciones ilegales a miles de millones de dólares en fondos para el programa *Continuum of Care* (CoC), el cual apoya la vivienda y otros servicios para personas que enfrentan inestabilidad habitacional o falta de vivienda. El Congreso ha priorizado la estabilidad en la asignación de estos fondos, y la gran mayoría de los recursos del CoC se han destinado tradicionalmente a viviendas permanentes y proyectos de eficacia similar.
El 1 de junio de 2026, el HUD intentó nuevamente implementar un límite a la financiación de viviendas permanentes e imponer otras condiciones ilegales para los fondos. La coalición argumenta que, sin la intervención de los tribunales, los proyectos de vivienda permanente financiados por el CoC perderán recursos, lo que provocará el desalojo de decenas de miles de personas y dejará a los estados y gobiernos locales la tarea de afrontar las consecuencias.
Durante más de dos décadas, el HUD ha mantenido un compromiso con los programas de vivienda permanente y el modelo *Housing First* (Vivienda Primero), que prioriza la ubicación rápida en viviendas permanentes sin exigir que las personas cumplan previamente con condiciones como la sobriedad o un nivel mínimo de ingresos. Sin embargo, la actual administración federal ha rechazado el modelo *Housing First* y ha socavado el programa CoC.
El nuevo aviso de oportunidad de financiación del HUD destina 1.300 millones de dólares a nuevos proyectos que priorizan la vivienda de transición, lo que resulta en una limitación *de facto* para la vivienda permanente. Este cambio pone en peligro la vivienda de al menos 97.000 residentes de viviendas permanentes financiadas por programas de Continuo de Atención (CoC) en todo el país, según la Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Vivienda (National Alliance to End Homelessness).
Los estados argumentan que las acciones del HUD infringen la Ley de Procedimiento Administrativo al no seguir el proceso de reglamentación que requiere notificación y periodo de comentarios públicos, y por ser arbitrarias y caprichosas. Solicitan al tribunal que declare ilegales las condiciones impugnadas y que impida al HUD implementarlas.
Junto al Fiscal General Neronha, presentan la demanda los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.