El fiscal general Neronha anuncia un acuerdo de 1,35 millones de dólares con la empresa de gestión de aparcamientos UPP Global.
Los residentes de Rhode Island afectados recibirán reembolsos por cargos ocultos pagados y multas de estacionamiento.
PROVIDENCE, R.I. – El Fiscal General Peter F. Neronha anunció hoy un acuerdo de conciliación por 1,35 millones de dólares con la empresa de gestión de estacionamientos UPP Global, LLC, resolviendo así las reclamaciones de protección al consumidor de Rhode Island contra la compañía por prácticas comerciales desleales y engañosas. La Fiscalía alegó que UPP Global ocultó deliberadamente el precio real del estacionamiento, cobró a los consumidores cargos ocultos y amenazó falsamente con afectar la licencia, el registro y el historial crediticio de los usuarios mediante la emisión de multas de estacionamiento que imitaban comunicaciones oficiales del gobierno.
«Cuando una empresa o negocio opera fuera de la ley en perjuicio de los habitantes de Rhode Island, intervenimos», declaró el Fiscal General Neronha. «Gracias a este acuerdo, los consumidores de Rhode Island que pagaron multas de estacionamiento ilegítimas y cargos ocultos serán resarcidos por un monto superior al millón de dólares. Y no se trata solo de dinero; las empresas que ignoran la ley para maximizar sus ganancias perjudican a los negocios competidores que sí cumplen las normas. Debemos proteger tanto a los consumidores como a las empresas haciendo cumplir las leyes de protección al consumidor, y continuaremos haciéndolo siempre que se empleen tácticas desleales y engañosas».
El acuerdo resuelve la demanda presentada por la Fiscalía en agosto de 2024 contra UPP Global, la cual alegaba que la empresa incurrió en un patrón de conducta desleal y engañosa. Esto incluía cobrar a los clientes cargos disfrazados de «impuestos», aplicar «cargos por servicio» injustificados, no informar las tarifas de estacionamiento hasta que los clientes ya habían aparcado, y emitir «citaciones» que imitaban las multas gubernamentales y amenazaban falsamente con sanciones por parte de la División de Vehículos Motorizados (DMV). Además, la demanda alegaba que UPP Global violó el derecho de los consumidores de Rhode Island a pagar productos y servicios en efectivo al exigir que todos los clientes pagaran exclusivamente con tarjeta de crédito o débito.
Según los términos del acuerdo de hoy, los residentes de Rhode Island que pagaron multas de estacionamiento de UPP o cargos ocultos disfrazados de impuesto sobre las ventas en el estado, entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de agosto de 2024, tienen derecho a un reembolso por dichos pagos. Un administrador externo se pondrá en contacto directamente con estos consumidores y los reembolsos se realizarán mediante el método de pago original siempre que sea posible. La Oficina prevé que la mayoría de los consumidores afectados reciban reembolsos para finales de 2026.
Además de exigir reembolsos, los términos del acuerdo estipulan que UPP Global no debe amenazar a los consumidores con multas o notificaciones de infracción que se asemejen a comunicaciones gubernamentales, debe aceptar efectivo en sus instalaciones de Rhode Island y debe dejar de imponer cargos no divulgados en el futuro. En septiembre de 2024, la Oficina solicitó y obtuvo una orden judicial preliminar que prohíbe a UPP llevar a cabo las prácticas mencionadas.
La Unidad de Justicia Económica y del Consumidor de la Fiscalía General estuvo a cargo de la demanda y el acuerdo en este caso.
Ley de Prácticas Comerciales Engañosas (DTPA, por sus siglas en inglés)
En 2021, el Fiscal General Neronha colaboró con la Asamblea General para aprobar una legislación que restituyó la autoridad de la Fiscalía General para proteger a los consumidores de Rhode Island frente a infracciones de la DTPA. Otras iniciativas lideradas por el Fiscal General en el marco de la DTPA incluyen una demanda contra una empresa de energía solar residencial por presuntamente estafar a residentes de Rhode Island, una demanda contra un contratista por supuesta conducta ilegal, la paralización de un esquema fraudulento relacionado con certificados de buena reputación (*Certificates of Good Standing*), así como otras investigaciones sobre esquemas inmobiliarios, concesionarios de automóviles e incumplimiento de las normas de seguridad sobre el plomo en viviendas de alquiler, entre otras acciones.