La Fiscal General James obtiene una orden judicial que restaura fondos educativos esenciales para los estados
La Fiscal General James restaura el acceso a más de mil millones de dólares en fondos que ayudan a escuelas, docentes y estudiantes vulnerables a recuperarse de la COVID-19
NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, obtuvo hoy una orden judicial que obliga a la administración Trump a restaurar el acceso de los estados a programas esenciales del Departamento de Educación (ED) que apoyan a estudiantes de bajos ingresos y sin hogar, y que proporcionan fondos para otros servicios para abordar los efectos a largo plazo de la pandemia de COVID-19 en los estudiantes de primaria y secundaria. El 10 de abril, la Fiscal General James lideró una coalición de otros 15 fiscales generales y el gobernador de Pensilvania para demandar a la administración Trump por cancelar unilateralmente el acceso a más de mil millones de dólares en subvenciones de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), a las que el ED había determinado previamente que los estados podían acceder hasta marzo de 2026. Tan solo Nueva York perdió el acceso a 134 millones de dólares en fondos debido a la decisión del ED. La orden preliminar emitida hoy por el Juez Edgardo Ramos del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ordena al Departamento de Educación (ED) restablecer de inmediato el acceso de los estados a estos fondos cruciales mientras el caso continúa.
“La decisión ilegal de la administración Trump de recortar los fondos esenciales para la educación puso a algunos de nuestros estudiantes más vulnerables en riesgo de rezago escolar”, declaró la Fiscal General James. “Esta es una gran victoria para nuestros estudiantes y docentes, quienes dependen de estos fondos para su éxito. Seguiré defendiendo a las escuelas de Nueva York y garantizando que obtengan los recursos necesarios para brindar una educación de calidad a todos”.
Para combatir los efectos a largo plazo de la pandemia de COVID-19, ARPA financió tres programas relacionados con la educación para apoyar los sistemas escolares estatales y destinar más recursos a los estudiantes más vulnerables. Estos tres programas —Niños y Jóvenes sin Hogar (HCY), Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) y Asistencia de Emergencia para Escuelas No Públicas (EANS)— proporcionan recursos esenciales para ayudar a las escuelas y a los estudiantes a recuperarse de los efectos duraderos de la pandemia. En Nueva York, los fondos EANS y ESSER apoyan reparaciones y mejoras cruciales en los edificios escolares, como la construcción de aulas adicionales, la compra de libros adicionales para la biblioteca y equipo de juegos, y la instalación de autobuses con acceso para sillas de ruedas.
La Fiscal General James y la coalición afirmaron que la interrupción arbitraria y abrupta del acceso de los estados a estos fondos por parte del Departamento de Educación (ED) está causando un déficit presupuestario masivo e inesperado que perjudicará a estudiantes y docentes al recortar servicios educativos vitales.
El Juez Ramos concedió hoy la solicitud de los estados para una orden judicial preliminar que prohíbe al Departamento de Educación (ED) bloquear el acceso de los estados a los fondos ARPA. La orden judicial preliminar, emitida hoy, impide al Departamento de Educación (ED) hacer cumplir una carta del 28 de marzo de 2025 de la Secretaria de Educación, Linda McMahon, que rescinde la capacidad de los estados para acceder a los fondos ARPA que les fueron otorgados.
Junto a la Fiscal General James en la presentación de esta demanda se encuentran los fiscales generales de Arizona, California, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregón y el Distrito de Columbia, junto con el Gobernador de Pensilvania.