En Colombia no se detienen los asesinatos contra líderes sociales

BOGOTÁ — En Colombia las noticias de asesinatos de líderes sociales no se detienen. Semana tras semana aumentan las cifras a pesar del cambio de gobierno y de los planes de paz total del líder de izuqierda Gustavo Petro.

Un informe de la oenegé Front Line Defenders reveló que la nación sudamericana registró el 46 % de los asesinatos de defensores de derechos humanos en todo el mundo en 2022, con 186 líderes sociales abatidos.

Un ejemplo de que el peligro sigue latente es Richard Carrillo, un líder social colombiano del municipio de Soacha, Cundinamarca, en el centro del país, quien ha sido víctima de amenazas por su labor como líder social en el territorio. Víctor afirma que recibió disparos en su casa, como una amenaza y advertencia para que se fuera del país.

“El 24 de diciembre del 2000 me dispararon en la cabeza y me dañaron la mano. Ya cinco contados, cinco atentados y panfletos, cualquier cantidad, amenazas por WhatsApp, cualquier cantidad, llamadas cualquier cantidad”, dijo Carrillo a la Voz de América.

Por qué no se ha logrado detener los asesinatos

El senador del Partido Alianza Verde Ariel Ávila, de la coalición de gobierno en Colombia, expresó a la VOA que reducir el alto número de asesinatos de líderes sociales no será fácil por la difícil situación de orden público generada por los diferentes actores armados que intentan imponer su ley.

“La protección de líderes y lideresas sociales en la administración de Iván Duque (2018-2022) fue muy mala y en este gobierno no se ha logrado detener, por eso estamos recomendando cinco acciones sabiendo que no será fácil detener estos crímenes», dijo Ávila.

La primera, agregó, es adelantar un mejoramiento en el seguimiento de las denuncias, y planes colectivos de protección, que es algo que no se ha hecho. Lo tercero es fortalecer la unidad de investigación en la Fiscalía, cuarto tener un programa rotatorio para la protección individual y por último mejorar los canales de interlocución con la sociedad civil que se llama Comisión de Garantías de Seguridad que la crea el proceso de paz con las FARC, que en el gobierno Duque se descontinuó y es necesario retomar”, explicó.

Ávila aseguró a la VOA que estas iniciativas van a permitir reducir las cifras junto a otras políticas que están en marcha como los Puestos de Mando Unificado Por la Vida (PMU): sin embargo, prevé que disminuir la sistematicidad en los asesinatos tardará varios años.

“La situación de seguridad no está a la vuelta de la esquina solucionarla porque hay muchos factores complicados, entonces se requieren soluciones, pero hay que decirle a la gente que esto va a tardar”.

Por otra parte, el senador del Partido Cambio Radical David Luna, opositor al gobierno de Petro, tiene otra tesis y se mostró en desacuerdo en que no existen políticas y acciones concretas para frenar la violencia que se registra contra los líderes sociales.

“Lamentablemente, los decretos que expidió el presidente Gustavo Petro del cese al fuego no están permitiendo que la Fuerza Pública pueda actuar. Entonces tenemos que entender que si queremos luchar contra ese delito hay que permitir que la autoridad se ejerza donde hay estos asesinatos, se necesita más presencia del Ejército para proteger a la sociedad y proteger la institucionalidad, si la Fiscalía no puede actuar y ejecutar las órdenes de captura los asesinatos de líderes sociales seguirán libres”, mencionó.

La situación no afecta a todos por igual, las zonas rurales son las más vulnerables.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, una oenegé que se encarga de monitorear la situación de los líderes sociales en el país, 48 defensores de derechos humanos y de su territorio han sido asesinados en Colombia en 19 departamentos en 2023, siendo Arauca, Antioquia, Cauca y Nariño los más afectados por esta ola de violencia.

Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, la problemática no afecta todo el país por igual, porque en cada territorio donde persisten los problemas que afectan estas comunidades se libran batallas distintas.

“Hay unas zonas que tienen unas conflictividades diferentes, en la región del Catatumbo esos conflictos tiene que ver con la defensa socioambiental, allí los líderes sociales hacen una defensa para prohibir los cultivos ilícitos, además de otros conflictos como la minería de carbón y la frontera con Venezuela. Entonces son varios los problemas a los que se enfrentan los líderes sociales contra diferentes grupos armados que operan en esa zona”.

En ese sentido, agregó que en los departamentos del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, los líderes sociales que defienden los derechos humanos de sus territorios son quienes se oponen al deterioro del medio ambiente, la extracción de proyectos mineros de oro y la distribución de la tierra.

“Cada zona tiene un contexto y una conflictividad distintos y eso es lo que se tiene que analizar para llegar a hacer una intervención por parte del estado. Lo que se necesita es una política integral, no solo con la Fuerza Pública sino con una inversión social amplia”, agregó.

Mayor atención por parte del Ejecutivo

Para el profesor de la Universidad Externado de Colombia y analista en seguridad Andrés Macías, a pesar de la importancia que le ha dado el gobierno de Petro a la situación con la implementación de planes de protección, es necesario que se vuelva a poner en la agenda pública la problemática.

“La situación de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos tenía una expectativa muy grande cuando llegó el nuevo gobierno de Gustavo Petro, pero desafortunadamente lo que se ha visto en estos primeros meses es que la violencia ha continuado e incluso se ha incrementado. Esto se debe a muchos factores, entre estos al crecimiento de la violencia en algunos territorios”.

“El gobierno debe volver a poner el tema dentro de la agenda pública, sea perdido un poco el tema de la violencia contra los líderes sociales en la agenda pública, al principio en el gobierno fue importante, hoy ya no lo es tanto, cuando la violencia se ha endurecido”, explicó.

Estigmatización

Macías indica que a esta difícil situación se suman las estigmatizaciones a las que son víctimas los defensores de derechos humanos cuando señalan sus inquietudes y sientan sus opiniones para buscar soluciones a los conflictos en sus territorios.

“Es importante tratar de generar iniciativas que no estigmaticen un poco esos ejercicios de liderazgo social. Muchas veces los actores involucrados señalan y atacan las posturas de los líderes sociales como iniciativas que buscan generar estabilidad en el territorio o que tratan de evitar el desarrollo de un territorio, por lo que la desestigmatización es fundamental para que la labor del liderazgo social sea más reconocida y cobre mayor legitimidad”, destacó.

Los Puestos de Mando Unificado por la vida (PMU)

En agosto del año pasado, el gobierno presentó la estrategia de Puestos de Mando Unificado por la Vida, como un mecanismo para proteger a los líderes sociales del país, garantizando una protección inmediata con la creación de hojas de ruta en materia de prevención.

En los PMU, dijo Macías, la medida que se dispuso para los riesgos de amenaza de los líderes sociales no ha dado los resultados esperados por la forma con la que se ha venido implementando.

“La violencia sigue aumentando y eso pone un poco en cuestionamiento la forma como se han consolidado estos puestos de mando unificado por la vida y la relevancia que han tenido en los territorios”, dijo. Y agregó que “los mecanismos de protección para muchos de estos líderes siguen sin ser efectivos” porque se sigue “una misma lógica de chalecos antibalas que no evita que esta violencia ocurra”.