El Procurador General Neronha presenta una demanda contra la corporación nacional de gestión inmobiliaria por cobrar a los inquilinos tarifas de solicitud ilegales y comportamiento discriminatorio
PROVIDENCE, R.I. – El Procurador General Peter F. Neronha anunció hoy la presentación de una demanda contra A.R. Building Company, Inc. (ARBC), una corporación nacional de administración de bienes raíces con propiedades en Cumberland, East Providence, North Kingstown y North Smithfield, alegando que violaron la Ley de Prácticas Comerciales Injustas y Engañosas (DTPA) de Rhode Island.
Como se alega en la denuncia, presentada en el Tribunal Superior del Condado de Providence, ARBC evaluó tarifas de solicitud ilegales, a veces más de una vez para el mismo inquilino potencial, así como también diseñó e implementó un arduo proceso de solicitud para quienes buscan adaptaciones razonables para discapacidades. El Procurador General está buscando sanciones civiles y medidas cautelares, incluyendo exigir a ARBC que deje de cobrar tarifas de solicitud excesivas, detenga sus procesos de solicitud discriminatorios y devuelva las tarifas cobradas ilegalmente a los consumidores.
“Para nadie es novedad que estamos en medio de una grave crisis de vivienda en Rhode Island, y quienes implementan barreras ilegales para encontrar una casa deben rendir cuentas”, dijo el Procurador General Neronha. “En los últimos 18 meses solamente, hemos presentado denuncias contra propietarios por exponer a niños a pintura con plomo, empresas de energía solar residencial por engañar a los consumidores, corredores inmobiliarios por esquemas despiadados de cebo y cambio que les quitan las casas a las familias, y ahora contra una empresa de administración de bienes raíces por cobrar tarifas de solicitud de alquiler caras e ilegales y discriminar a quienes buscan adaptaciones razonables para que no encuentren un lugar donde vivir”.
“Cuando una persona o entidad engaña, daña o se aprovecha de los consumidores, ahí es donde entramos nosotros”, continuó el Fiscal General Neronha. “Un mercado justo exige que todas las partes cumplan con la ley, y cuando se trata de vivienda, los habitantes de Rhode Island ya están luchando lo suficiente. Debemos priorizar hacer que sea más fácil, no más difícil, para las personas obtener viviendas seguras y asequibles, y es por eso que mi Oficina seguirá buscando y haciendo responsables a los malos actores que anteponen las ganancias a los derechos básicos de los habitantes de Rhode Island”.
Se anima a los consumidores que creen que pueden haber sido víctimas de prácticas injustas o discriminatorias en materia de vivienda a que se pongan en contacto con la Oficina del Procurador General llamando al 401-274-4400 o completando un formulario de queja en línea.
Tarifas de solicitud
Como se alega en la denuncia, ARBC cobra tarifas de solicitud a todos sus posibles inquilinos; cobra de más a sus posibles inquilinos por tarifas de selección; cobra tarifas de selección a los posibles inquilinos sin proporcionarles una forma de presentar sus propios documentos de selección para evitar tarifas; y cobra tarifas de selección a los posibles inquilinos sin proporcionarles copias de los documentos de selección, todas las cuales están prohibidas por la ley.
Por ejemplo, como se alega en la denuncia, una posible inquilina presentó dos solicitudes para la propiedad de ARBC en Dowling Village en North Smithfield a principios de 2024. Dowling Village no permitió que la posible inquilina presentara su primera solicitud a menos que pagara $250 por una tarifa administrativa y $30 por una tarifa de evaluación, ignorando la ley estatal recientemente promulgada, que prohíbe la evaluación de tarifas de solicitud de alquiler y limita lo que un propietario puede evaluar a los posibles inquilinos para una verificación de antecedentes. Sin explicar el propósito de estas tarifas ni proporcionar copias de los documentos de evaluación a la posible inquilina, Dowling Village rechazó su solicitud porque afirmaron que no ganaba suficiente dinero y necesitaría un cosignatario.
Como se alega en la denuncia, la misma posible inquilina presentó una segunda solicitud a Dowling Village aproximadamente una semana después, esta vez con un cosignatario. Para la segunda solicitud, Dowling Village volvió a cobrarle a la posible inquilina $250 por una tarifa administrativa y $30 por una tarifa de evaluación, un total de $280, sin ofrecer ninguna explicación adicional sobre las tarifas. Cuando la posible inquilina solicitó una exención de tarifas, citando su solicitud anterior aproximadamente una semana antes, se le denegó. Dowling Village rechazó su segunda solicitud, citando razones de crédito.
Como se alega además, ARBC cobró de más a un posible inquilino diferente que solicitó la propiedad de ARBC en Kettle Point en East Providence en el verano de 2024. Además de cobrarle al posible inquilino $300 en tarifas para presentar la solicitud, Kettle Point también exigió que tanto la pareja del posible inquilino como el cosignatario del inquilino pagaran cada uno una tarifa de evaluación de $50 a pesar de que ninguna de las personas tenía la intención de vivir en la unidad. En este caso, ninguna de las personas que presentaron tarifas para la solicitud recibió copias de ninguna verificación de antecedentes o informe crediticio.
Procedimientos de evaluación discriminatorios
Como se alega en la denuncia, los acusados sometieron a los solicitantes con discapacidades a un proceso de solicitud diferente y más oneroso que el de los solicitantes sin discapacidades. Específicamente, los solicitantes que solicitaron una adaptación razonable para un animal de servicio o de apoyo (SSA) se encontraron con barreras significativas para completar el proceso de solicitud y obtener la aprobación para el alquiler.
La Ley de Prácticas de Vivienda Justa de Rhode Island prohíbe a los propietarios realizar consultas sobre la discapacidad de los posibles inquilinos, anunciar viviendas de alquiler de una manera que indique preferencia o discriminación basada en la discapacidad, discriminar a cualquier persona en el proceso de alquiler debido a una discapacidad o adaptación, o retrasar el proceso de solicitudes de viviendas de alquiler basadas en la discapacidad.
En este caso, como se alega, los sitios web de ARBC para sus propiedades de Rhode Island obstaculizan el proceso de solicitud de las personas con discapacidades o SSA. Después de que un solicitante hace clic en el botón «Solicitar ahora», ARBC tiene una consulta por escrito sobre si el solicitante tiene una discapacidad y necesita una SSA. Si un solicitante hace clic en Sí, se le indica que complete una solicitud de adaptación de 9 páginas y se le indica que detenga el proceso de solicitud en línea y, en su lugar, se comunique con la oficina de arrendamiento para completar su solicitud de alquiler. Además, como se alega, ARBC no reservará una unidad para posibles inquilinos con discapacidades o SSA hasta después de verificar y aprobar una solicitud de adaptación razonable, lo que causa una demora significativa para los solicitantes con discapacidades.
Ley de Prácticas Comerciales Engañosas
En 2021, el Procurador General Neronha trabajó con la Asamblea General para aprobar una legislación que restableció la autoridad de la Oficina del Procurador General para proteger a los consumidores de Rhode Island contra las violaciones de la DTPA. Otros esfuerzos liderados por el Procurador General bajo la DTPA recientemente fortalecida incluyen una demanda contra una empresa de energía solar residencial por presuntamente estafar a los habitantes de Rhode Island, una demanda contra un contratista por presunta conducta ilegal, la detención de un plan de Certificado de Buena Conducta, así como otras investigaciones.
Esta demanda más reciente es la segunda vez en menos de un mes que el Procurador General presenta una demanda para proteger a los consumidores de vivienda. El mes pasado, la Oficina presentó una demanda contra el corredor inmobiliario local, Kyle Seyboth, y los acusados asociados, alegando que violaron la DTPA al engañar a los propietarios con un dominio limitado del inglés, ejecutando un plan de «rescate de ejecución hipotecaria» en el que los propietarios creían que estaban refinanciando su hipoteca cuando, de hecho, estaban ejecutando el papeleo para la venta de su casa por un valor significativamente menor que el valor de mercado.
Y el año pasado, la Oficina demandó a Pioneer Investments, LLC. por no cumplir con numerosas leyes estatales sobre alquileres, peligros del plomo y protección al consumidor que ponían en riesgo la salud y la seguridad de cientos de inquilinos y que constituían prácticas de mercado desleales.
El fiscal general adjunto especial Jordan Mickman, el jefe de la Unidad de Derechos Civiles y los fiscales generales adjuntos especiales Leonard Giarrano y Kyla Duffy manejaron el asunto en nombre de la Oficina del Fiscal General.