El Fiscal General Neronha y la coalición demandan a la Administración Trump por la terminación ilegal de la financiación de energía e infraestructura.
PROVIDENCE, R.I. – El Fiscal General Peter F. Neronha se unió hoy a una coalición de 13 fiscales generales para presentar una demanda que impugna la cancelación ilegal, por parte de la Administración Trump, de la financiación de programas de energía e infraestructura creados por el Congreso mediante la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo (IIJA).
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, impugna las decisiones del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), su secretario Chris Wright, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y su director Russell Vought, de cancelar miles de millones de dólares en subvenciones para energía e infraestructura en todo el país.
“Una vez más, esta Administración parece no comprender los fundamentos de la Constitución”, declaró el Fiscal General Neronha. Claro que saben que están infringiendo la ley; simplemente no les importa. El Congreso, no el presidente, tiene el poder del presupuesto, y el Congreso asignó estos fondos para ayudar a los estados a avanzar hacia un futuro de energía limpia del que dependerán las generaciones futuras. Que la energía limpia se alinee o no con los objetivos políticos de este presidente es irrelevante; él no puede ni va a eludir la voluntad del Congreso. Además, al atacar a los estados demócratas, el presidente reafirma una vez más lo que sabemos: él y su administración están mucho más preocupados por las represalias y el castigo que por mejorar la vida del pueblo estadounidense. Ganaremos aquí, como lo hemos hecho en todos los demás casos de este tipo, porque estamos en el derecho.
El 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió órdenes ejecutivas declarando una «emergencia energética nacional» y «poniendo fin al Green New Deal». A finales de marzo, el Departamento de Energía (DOE) compiló una lista que apuntaba a recortes de al menos 22 000 millones de dólares en proyectos energéticos financiados por el DOE, basándose en su evaluación de que dichos proyectos no se alineaban con los objetivos políticos de la Administración. En mayo, el DOE emitió un memorando que describía una política vaga y abierta para evaluar caso por caso si las subvenciones se ajustaban a los intereses nacionales y las prioridades de la Administración.
En septiembre de 2025, ante la inminente paralización del gobierno, el presidente declaró a la prensa que podía «hacer cosas irreversibles durante el cierre» para atacar a los demócratas, incluyendo «recortar programas que les gustan». El 1 de octubre, día del cierre del gobierno federal, el director de la OMB, Vought, anunció que el DOE recortaría «casi 8 000 millones de dólares en fondos de la Nueva Estafa Verde para impulsar la agenda climática de la izquierda», seguido de una lista de estados en los que se recortarían proyectos. Al día siguiente, el DOE anunció la cancelación de 315 subvenciones, que representan 7560 millones de dólares de los fondos asignados en virtud de la IIJA y la IRA. Todas las cancelaciones nacionales afectaron exclusivamente a los estados que votaron por el candidato demócrata en 2024; proyectos comparables en estados con tendencia republicana se salvaron.
En Rhode Island, el Departamento de Energía canceló tres subvenciones por un total de 14 millones de dólares, que habrían financiado la investigación sobre el desarrollo de energía eólica marina y otras iniciativas de infraestructura de energía limpia.
En la demanda, la coalición argumenta que la decisión de la Administración Trump de eliminar los programas energéticos creados por el Congreso es ilegal porque viola la separación de poderes y la Ley de Procedimiento Administrativo. La coalición solicita al tribunal que declare ilegales las acciones de la Administración y que le prohíba permanentemente interferir con estos programas.
Acompañando al Fiscal General Neronha en la presentación de la demanda de hoy, se encuentran los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Vermont, Washington y Wisconsin.
