El fiscal general Neronha y la coalición demandan a la administración Trump para detener la última ronda de aranceles ilegales.

PROVIDENCE, R.I. – El Fiscal General Peter F. Neronha se unió hoy a una coalición de 22 fiscales generales y dos gobernadores para presentar una demanda con el fin de bloquear los últimos esfuerzos del presidente Trump por imponer aranceles ilegales a los consumidores y empresas estadounidenses. El caso impugna los recientes esfuerzos del presidente Trump por aumentar los aranceles a nivel mundial sin la aprobación del Congreso.

“Como casi todo lo que hace este presidente, su imposición de aranceles ha estado plagada de caos, y los estadounidenses están pagando las consecuencias”, declaró el Fiscal General Neronha. Aunque no siempre esté de acuerdo con las decisiones de la Corte Suprema, recientemente dejaron claro, sin ambages, que el presidente no puede imponer aranceles unilateralmente. Como he dicho muchas veces, la Administración Trump haría bien en repasar la Constitución, que otorga al Congreso la facultad de recaudar impuestos y regular el comercio exterior, no al presidente. Los estadounidenses no quieren incertidumbre económica, quieren estabilidad; algo de lo que carece esta Administración. Los estadounidenses no deberían tener que pagar más por los productos debido a los caprichos erráticos de un solo hombre, y lucharemos para asegurarnos de que no sea así.

Durante más de un año, el presidente Trump ha sembrado el caos en la economía estadounidense imponiendo aranceles sin la autoridad legal para hacerlo. Inicialmente, el presidente alegó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) le permitía imponer aranceles de cualquier monto, a cualquier producto, de cualquier país, por cualquier período. Hace dos semanas, la Corte Suprema rechazó ese argumento, concluyendo que los aranceles de la IEEPA eran ilegales. En lugar de aceptar esa derrota en los tribunales, el presidente Trump recurrió inmediatamente a una ley independiente inédita —la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974— y anunció aranceles del 15 % sobre la mayoría de los productos a nivel mundial, aparentemente para abordar los déficits comerciales. Sin embargo, la Sección 122 no aplica. Dicha ley autoriza los aranceles en circunstancias limitadas, incluyendo cuando existen «déficits de balanza de pagos importantes y graves». Cabe destacar que un déficit comercial no es un déficit de balanza de pagos, lo que significa que, una vez más, el presidente está actuando ilegalmente.

Un análisis reciente realizado por investigadores del Banco de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que casi el 90 % del costo de los aranceles en 2025 fue pagado por los consumidores y las empresas estadounidenses. Al imponer una nueva ronda de aumentos de precios a los consumidores y las empresas estadounidenses, el presidente Trump redobla la apuesta por políticas económicas fallidas.

La demanda presentada hoy ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos impugna esta última ronda de aranceles. La demanda sostiene que estas acciones del presidente Trump y su administración violan la ley, alteran la separación constitucional de poderes y violan la Ley de Procedimiento Administrativo.

Acompañan al Fiscal General Neronha en la presentación de esta demanda los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Pensilvania, Josh Shapiro, y de Kentucky, Andy Beshear.