El Fiscal General Neronha se une a la coalición para demandar a la Administración Trump por recortar ilegalmente miles de millones en fondos para mitigación de desastres.
PROVIDENCE, R.I. – El Fiscal General Peter F. Neronha se unió hoy a una coalición de 20 estados para demandar a la Administración Trump por su decisión de suspender ilegalmente el programa bipartidista Construyendo Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), diseñado para proteger a las comunidades de desastres naturales antes de que ocurran.
Durante los últimos 30 años, el programa BRIC ha proporcionado a comunidades de todo el país recursos para fortalecer proactivamente su infraestructura contra desastres naturales. Al centrarse en la preparación, el programa ha protegido propiedades, ahorrado dinero que de otro modo se habría gastado en costos posteriores al desastre, reducido lesiones y salvado vidas.
“Es innegable que Rhode Island es particularmente susceptible a los efectos cada vez mayores del cambio climático, por lo que debemos estar a la vanguardia en la mitigación de riesgos”, declaró el Fiscal General Neronha. El Presidente entiende que él y su Administración no tienen la facultad de retener unilateralmente los fondos asignados por el Congreso a los estados, y sin embargo, aquí estamos de nuevo. Durante los últimos seis meses, fiscales generales demócratas de todo el país han interpuesto demandas para recuperar fondos legítimamente asignados para diversos sectores, desde educación e infraestructura hasta salud pública y gestión de emergencias. Es hora de que nos preguntemos seriamente si este es un gobierno federal para el pueblo o para sí mismo. Cualquiera que preste atención ya sabe la respuesta.
En respuesta a las catastróficas pérdidas causadas por el huracán Katrina y sus secuelas, el Congreso aprobó una ley que establece que FEMA debe proteger a las comunidades mediante cuatro funciones interrelacionadas: mitigación, preparación, respuesta y recuperación. El programa BRIC es el núcleo de los esfuerzos de mitigación de FEMA antes de desastres. Un estudio reciente concluyó que cada dólar que FEMA gasta en mitigación ahorra un promedio de seis dólares en costos posteriores al desastre.
El programa BRIC apoya proyectos a menudo difíciles de financiar, como la construcción de refugios de evacuación y muros contra inundaciones, la protección de las redes de servicios públicos contra incendios forestales, la protección de la infraestructura de aguas residuales y agua potable, y el fortalecimiento de puentes, carreteras y alcantarillas.
El impacto de la terminación del programa BRIC ha sido devastador, ya que comunidades de todo el país se han visto obligadas a retrasar, reducir o cancelar cientos de proyectos de mitigación que dependen de esta financiación. Proyectos que han estado en desarrollo durante años y en los que las comunidades han invertido millones de dólares ahora se ven amenazados. Y ahora, los estadounidenses de costa a costa enfrentan un mayor riesgo de sufrir daños por desastres naturales.
En los últimos cuatro años, FEMA ha seleccionado casi 2000 proyectos para recibir aproximadamente 4500 millones de dólares en financiación BRIC en todo el país. La Universidad de Rhode Island utiliza actualmente la financiación BRIC para desarrollar herramientas nuevas y mejoradas para mapear el riesgo de inundación en Rhode Island para aguas costeras e interiores.
La coalición argumenta que la decisión de FEMA de cancelar abruptamente el programa BRIC viola directamente la decisión del Congreso de financiarlo. El Poder Ejecutivo carece de autoridad legal para negarse unilateralmente a gastar los fondos asignados por el Congreso. Los fiscales generales también afirman que el cierre del programa BRIC viola la Separación de Poderes y la Ley de Procedimientos Administrativos, así como la Cláusula de Nombramientos, ya que Cameron Hamilton, quien actuó como Administrador de FEMA y dio la directiva para terminar el programa BRIC, nunca fue nombrado por el Presidente ni confirmado por el Senado y, por lo tanto, actuó como Administrador ilegalmente.
Con esta demanda, la coalición busca una orden judicial preliminar para impedir que la Administración Trump gaste los fondos BRIC en otros fines y una orden judicial permanente para revertir la terminación del programa BRIC y exigir la restitución de estos fondos cruciales a las comunidades que dependen de ellos.
En la presentación de esta demanda, se unen al Fiscal General Neronha los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Washington, Wisconsin y el gobernador de Pensilvania.