Del ‘fujimorazo’ a la destitución de Castillo: 30 años de convulsas presidencias en Perú
VOA
Acusaciones de corrupción, crímenes de lesa humanidad y hasta un suicidio han marcado la política peruana en las últimas tres décadas. Siete presidentes han sido acusados de corrupción desde 1992.
En estas tres décadas, hasta ahora siete mandatarios peruanos han sido acusados de corrupción.
Alberto Fujimori (1990-2000)
Fujimori asumió la presidencia de Perú en medio de una crisis de hiperinflación y violencia. Endureció el combate contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, a los que hizo retroceder al costo de miles de vidas civiles, por lo que después fue acusado por crímenes de lesa humanidad.
En 1992, con ayuda del Ejército, disolvió el Congreso y las Cortes, con la excusa de obstrucción. Fujimori fue reelegido en 1995, tras lo cual decretó un polémico plan de salud pública que comprendía la esterilización de mujeres de bajos recursos para frenar la pobreza.
Sin embargo, no fue hasta su tercer mandato, con la salida a la luz de videos que probaban que Fujimori estaba implicado en una gran cantidad de sobornos, que el Parlamento lo destituyó por incapacidad moral para gobernar. Actualmente, con 82 años, guarda prisión con una condena de 25 años.
Alejandro Toledo (2001-2006)
Alejandro Toledo ganó las elecciones presidenciales convocadas tras la destitución de Fujimori. Durante su gobierno se inició el despunte económico de Perú y se fomentó la inversión extranjera.
Toledo escapó a Estados Unidos cuando la justicia ordenó prisión preventiva durante el caso Odebrecht. Actualmente está acusado de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Toledo habría recibido 35 millones de dólares de parte de la constructora brasileña para la construcción de la carretera Interoceánica sur.
Alan García (2006-2011)
Alan García ya había cumplido un mandato como presidente de los peruanos, desde 1985 a 1990, pero fue durante su segundo gobierno que habría recibido 24 millones de dólares de parte de Odebrecht, tanto en donativos de campaña como en sobornos para adjudicar proyectos como el Metro de Lima y la carretera Interoceánica a la compañía brasileña.
El exmandatario pidió asilo en Uruguay, pero le fue negado. En un dramático giro de eventos, García se suicidó en 2019, poco después que la policía llegara a arrestarlo a su casa.
Ollanta Humala (2011-2016)
Humala, fuerte opositor del fujimorismo, ganó las presidenciales por estrecho margen contra la hija del exmandatario, Keiko Fujimori.
Actualmente es investigado junto a su esposa, Nadine Heredia, por presuntos sobornos en forma de donativos a su campaña electoral que ascienden a los 3 millones de dólares, en un proceso que se basa en testimonios de directivos de la constructora Odebrecht.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2021)
Antes de asumir la presidencia, Kuczynski fue ministro de Economía y luego primer ministro de Toledo. Durante esa época habría estado implicado en la adjudicación de la construcción de la carretera Interoceánica a Odebrecht, uno de los puntos claves en el entramado de corrupción en las más altas esferas de la política peruana.
Apenas dos años después de iniciar su mandato, el Congreso votó por una moción de vacancia en su contra, que no fue aprobada. Su indulto a Fujimori fue recibido con manifestaciones y críticas. Días antes de la segunda moción para destituirlo, renunció. A Kuczynski también se le investiga por lavado de activos y fue obligado a guardar prisión domiciliaria mientras avanza el proceso.
Martín Vizcarra (2018-2020)
Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, lo sucedió en la presidencia tras su renuncia. Disolvió el Congreso como parte de su lucha contra la corrupción, para ser destituido por el parlamento apenas dos años después, tras dos mociones de vacancia, la segunda con un contundente apoyo a favor de su salida del cargo.
A Vizcarra se le acusa de recibir presuntos pagos de constructoras durante su mandato como gobernador de la región de Moquegua.
Pedro Castillo (2021-2022)
El miércoles Pedro Castillo anunció que disolvía el Congreso y establecería un «gobierno de excepción» por el que dirigiría el país mediante decretos. Castillo tomó la decisión horas antes de una sesión en el parlamento que decidiría su permanencia en la presidencia.
A Castillo se le relaciona con varios casos de corrupción, colusión y tráfico de influencias. Esta sería la tercera moción de vacancia en su contra.
En una sesión extraordinaria, el Congreso de Perú votó por mayoría a favor de la destitución de Castillo, que fue arrestado a su salida del Palacio de Gobierno.