Veintinueve presuntos miembros y asociados de la organización delictiva de las pandillas East Side y sus aliadas, acusados de conspiración federal por asociación ilícita (delincuencia organizada)
Una investigación denuncia un patrón de violencia, narcotráfico, robo, delitos relacionados con armas de fuego, esquemas de fraude y otras conductas delictivas que se ha prolongado durante más de una década.
PROVIDENCE, Rhode Island – El primer fiscal federal adjunto, Charles C. Calenda, y Thomas A. Greco, agente especial a cargo de la División de Campo de Boston de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en colaboración con el coronel Oscar L. Perez, jefe del Departamento de Policía de Providence, anunciaron cargos federales contra veintinueve presuntos miembros y asociados de la organización delictiva conocida como «East Side and Allied Gangs». Otros tres acusados enfrentan cargos por delitos relacionados. Estas acusaciones son el resultado de una investigación conjunta realizada por organismos federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley.
Según los documentos judiciales, la organización delictiva «East Side and Allied Gangs» operaba en Providence, Pawtucket, Central Falls y otras localidades desde al menos 2013. El escrito de acusación sostiene que los miembros y asociados de la organización colaboraban para promover los intereses del grupo mediante actos de violencia, narcotráfico, delitos con armas de fuego, esquemas de fraude y otras actividades ilícitas.
Asimismo, los documentos judiciales señalan que los miembros y asociados de la organización distribuían sustancias controladas —incluidos fentanilo, cocaína, crack (cocaína base), marihuana y Percocet— y que el narcotráfico constituía una fuente importante de ingresos para la organización.
El escrito de acusación alega además que los miembros y asociados participaron en actos violentos, tales como asesinato, conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, agresión con intención de cometer asesinato, robo, conspiración para cometer robo, delitos con armas de fuego, narcotráfico, fraude electrónico y otras conductas delictivas. También se alega que ciertos miembros y asociados participaron en esquemas de fraude relacionados con prestaciones por desempleo, programas de ayuda por el COVID-19, declaraciones de impuestos y otros delitos financieros.
El escrito de acusación imputa a veintinueve personas por participar en una conspiración para cometer actividades delictivas organizadas (delitos de *racketeering*) y a otras tres por delitos relacionados.
El caso fue investigado por la ATF, el Departamento de Policía de Providence, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los EE. UU., la División de Investigación Criminal del IRS, la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y numerosos organismos asociados encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal, estatal y local, incluida la Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Providence.
Los cargos contenidos en el escrito de acusación son meras alegaciones. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia. Se proporcionará información adicional en el momento oportuno.
El 7 de abril, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude («División de Fraude»). La División de Fraude se centra intensamente en investigar y procesar a quienes cometen fraudes contra el pueblo estadounidense. La labor del Departamento para combatir el fraude respalda el Grupo de Trabajo del presidente Trump para Eliminar el Fraude, una iniciativa gubernamental integral presidida por el vicepresidente J.D. Vance con el objetivo de erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas federales de beneficios.
Este caso forma parte de la «Operación Recuperar Estados Unidos» (Operation Take Back America), una iniciativa a escala nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para frenar la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.